CEUTA 2026 - III: ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR A PARTIR DE AHORA? ¿Y MELILLA?

Alvaro Sánchez y Psiké 5.0
Por fas o por nefas

Lo mires como lo mires, solo salen dos opciones, de consecuencias muy diferentes para la salud mental e incluso quizá física de los españoles en el futuro más inmediato: o se celebran las elecciones del día 29 de noviembre o se aplazan por un periodo discreto, por ejemplo doce meses, mediante la declaración del estado de sitio.
En el primer caso, el nuevo gobierno no se parecerá en nada al actual y sus políticas, si no todas muchas de ellas, previsiblemente darán un vuelco a las actuales. En el segundo, sigue el mismo gobierno y continúan las políticas que en todos los ámbitos nos han traído hasta aquí. Y particularmente, en Ceuta, Melilla y las islas y peñones que constituyen la España africana, junto con Canarias. Dos opciones que implican un cambio y la necesidad de una posterior adaptación psicológica a él.
Vamos a comenzar especulando brevemente con la segunda opción, como más improbable que es, para después centrarnos más ampliamente con la más probable, la primera. Respecto a la posibilidad de que se aplacen las elecciones, tendría que ocurrir una concatenación de cisnes negros.

Por ejemplo, una oleada de atentados en varias ciudades de la Península, probablemente de falsa bandera, y una nueva invasión de Ceuta y tal vez Melilla, las islas y peñones.
A nuestro juicio, en ese caso y para hacer frente adecuadamente a la situación, el gobierno español presentaría a la Diputación Permanente del Congreso, actual congreso en funciones, la propuesta de declaración del estado de sitio. La Diputación Permanente la aprobaría y a su vez propondría el aplazamiento durante doce meses de las elecciones generales, lo que sería aceptado por el gobierno, que publicaría un nuevo calendario electoral convocando elecciones generales el 29 de noviembre de 2027.
Y si los partidos de la oposición apelaran al Tribunal Constitucional, como correspondería, solicitando que declarase inconstitucional semejante aplazamiento, ya que la Constitución no prevé el aplazamiento de elecciones a Cortes Generales ya convocadas, la composición del mismo seguramente inclinaría el fallo hacia las tesis gubernamentales.

Ciertamente, no sería la primera vez que hechos manifiestamente inconstitucionales encontraran un pasar más o menos incómodo en la actuación del más alto tribunal. Recuérdese, por ejemplo, la retorcida interpretación que el Constitucional hizo en 2010 del propuesto Estatuto de Cataluña, donde nada menos que 27 artículos hubieron de acogerse a la denominada “interpretación conforme”, que literalmente quiere decir que donde se lee tal, debe entenderse cual y pelillos a la mar. La inseguridad jurídica sabemos que afecta negativamente al marco de protección psicológica que deberíamos experimentar todos los ciudadanos .
El antecedente de la Marcha Verde
La consecuencia de esta situación sería inequívocamente para los ceutíes y melillenses un deterioro difícilmente soportable de sus condiciones de vida, especialmente agravado para la mitad femenina, pero también para los pequeños comerciantes y empresarios, que muy probablemente se verían avocados a cerrar sus negocios.

Y en términos nacionales y de relación hispano-marroquí, la situación quedaría perfectamente descrita en las siguientes líneas de Yago Rodríguez:
Hace cincuenta años, cuando España abandonó el Sáhara en 1976, el territorio saharaui era el presente de la expansión marroquí, y Ceuta y Melilla figuraban en el horizonte.
Ahora cambia la distribución de prioridades. El Sáhara empieza a convertirse en una conquista consolidada a ojos de Rabat (no hay más que leer su prensa y sus redes sociales o escuchar a Mohamed VI). Así, las dos ciudades españolas pasan al primer plano y Canarias entra en el horizonte estratégico de las próximas décadas.
Esta secuencia no es nueva y ya ha sido expresada por dirigentes marroquíes en numerosas ocasiones. En diciembre de 2020, el entonces primer ministro Saadeddine El Othmani situó el Sáhara como prioridad y planteó abordar después Ceuta y Melilla.

Canarias, por otra parte, entra en el horizonte a través del Atlántico. Si el principio absurdo del "derecho geográfico" que alega Marruecos opera para Ceuta y Melilla, con más razón lo hace en las islas Canarias, que están aún más lejos de Europa y que (desde la óptica marroquí) son legítimamente el Magreb. (El Español, 16-11-2026)
Yago Rodríguez es analista de defensa, especialista en geopolítica y divulgador de asuntos militares español. Es el director del medio digital The Political Room y creador del canal de YouTube Cosas Militares.
Que la cosoberanía compartida puede ser la vía elegida por Marruecos para hacerse, en principio parcialmente, con el gobierno del territorio norteafricano español no es ninguna teoría conspirativa. Es probablemente el mecanismo más suave para "resolver el conflicto" desde el punto de vista marroquí. Y ello lo ponen de manifiesto con absoluta claridad las propias Fuerzas Armadas españolas, por boca del mismísimo Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Almirante Teodoro López Calderón:

Sí se considera probable que Marruecos aproveche esta crisis para lanzar mensajes acordes a sus intereses políticos, como son la mala gestión migratoria por parte de España o la reivindicación de la soberanía sobre Ceuta y Melilla o, en el mejor de los casos, una cosoberanía como mejor solución para evitar situaciones como la presente. (Antonio Rodríguez, TheObjective, 17-11-2026)
A estas alturas no se puede negar la posibilidad de que exista connivencia entre los gobiernos español y marroquí sobre la marroquinidad o españolidad de las ciudades, islas y peñones de actual soberanía española en el norte de África, como la ha habido en el caso del Sáhara: el gobierno español reconoció en marzo de 2022 (ratificada en diversos procedimientos administrativos en febrero de 2024) la soberanía marroquí del territorio, confiando en que un vaporoso estatuto de autonomía satisficiera los deseos de los saharauis, algo que obviamente no ha ocurrido.
Esto y no otra cosa es el Islam

Pero si los saharauis no están conformes en absoluto con su integración en Marruecos, menos van a estarlo los españoles de Ceuta y Melilla con una soberanía compartida hispano-marroquí. Las leyes musulmanas distan de proteger la igualdad de sexos, lo que repercute como es obvio, negativamente en la salud mental de las mujeres Piénsese, por citar algo especialmente obvio, en las leyes sobre la herencia. La legislación hereditaria marroquí, basada en la sharía coránica, establece la supremacía masculina estipulando que la hija hereda la mitad de los bienes que el hijo, mientras que la legislación española es rigurosamente igualitaria: los herederos los son en la misma proporción.
Además, el derecho de la Unión Europea no toleraría otra cosa y declararía radicalmente nula cualquier otra posibilidad. Mala solución, entonces. ¿Se resolvería haciendo que los ciudadanos españoles de confesión musulmana en Ceuta y Melilla se rigieran en materia de herencias por la sharía, mientras que los no musulmanes lo harían por el Código Civil? No tiene sentido.

¿O se haría la vista gorda en el caso de los musulmanes, como ocurre en Bélgica en zonas como Molenbeek o Schaerbeek? Estas posibilidades son el caldo de cultivo de ansiedades dificiles de manejar por los cuidadanos que se plantean estas circunstancias.
Veamos otro ejemplo: ¿cómo actuar en Ramadán? Ramadán, en Marruecos, es el noveno mes del calendario islámico, dedicado al ayuno de comida, bebida y sexo desde el alba hasta la puesta de sol; a la oración y a la reflexión espiritual.
Su cumplimiento constituye uno de los cinco pilares del Islam. Durante este periodo los días transcurren muy relajados, espirituales, mientras que las noches imprimen una gran vitalidad social y festiva.
Mientras hay luz solar, los restaurantes están cerrados o, en zonas turísticas, con los escaparates y terrazas cubiertos con lonas para que no se vea a los turistas comer y beber en su interior desde la calle.

Hay que tener en cuenta que comer en público en Ramadán está penado con 1 a 6 meses de prisión y multa a los musulmanes; y a los no musulmanes con una fuerte repulsa social que podría desembocar en algo más grave en el caso de que se determinara escándalo público por ostentación de la ingesta prohibida.
En estos y otros muchos asuntos no parece que la vida sonría a los españoles, y sobre todo a las españolas, de culminar con éxito la presión marroquí en el norte de África español.
La otra posibilidad
Pero vayamos ahora a la primera y más probable posibilidad: las elecciones del 29 de noviembre se celebran con relativa normalidad y el nuevo gobierno que resulta de las mismas imprime un giro de 180 grados a algunas de las políticas que han venido configurando la acción de gobierno de los legislativo y ejecutivo anterior.

Por ejemplo, la de inmigración. Por ejemplo, la de dar facilidades excesivas de acogimiento y residencia a quienes no pueden acreditar legalmente su presencia en España. Por ejemplo, culturales que pongan de manifiesto que disentir del Islam no es racismo, ya que musulmanes hay de todas las razas, latitudes y longitudes (aparte de que el concepto raza no es científico), sino algo civilizatorio.
La relación entre España y Marruecos no puede ignorar el dato central: Rabat ha convertido la presión híbrida militar-migratoria en instrumento de negociación.
La crisis de Ceuta de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera del Tarajal en pocas horas con la pasividad deliberada de las Fuerzas Auxiliares marroquíes, no fue un accidente. Fue una demostración de capacidad: la prueba de que Marruecos puede abrir y cerrar el grifo según le convenga, y de que España, en ese momento, no supo responder.

Quien pretenda desactivar esa presión debe entender primero su naturaleza: es un chantaje de alta intensidad, y los chantajes solo cesan cuando dejan de ser rentables para el chantajista. Es pura psicología.
Los primeros cien días de un gobierno de coalición PP-Vox con voluntad soberanista tendrían que empezar por romper la psicología de la inevitabilidad. Durante años, la llegada irregular se ha presentado como un fenómeno casi climático, algo que simplemente ocurre, unos periodos más acusadamente que otros. Ese relato es el verdadero objetivo de la guerra híbrida: instalar en la opinión pública la sensación de que la frontera sur no se puede controlar, de que oponerse es inútil e incluso inmoral. La primera medida, por tanto, no sería policial sino discursiva y simbólica: declarar que el Estado recupera el control y respaldarla con hechos visibles en las primeras semanas.
En lo operativo, el paquete de emergencia para Ceuta y Melilla incluiría el despliegue permanente de unidades militares y de la Guardia Civil reforzadas, la elevación y sensorización integral de las vallas con sistemas de detección y rechazo no letales y la recuperación sin ambigüedades de las devoluciones en frontera.

Un soberanista diría lo que ningún gobierno ha querido decir: que el procedimiento de devolución en caliente debe reformarse por vía legislativa para garantizar garantías formales sin convertir cada control fronterizo en un proceso administrativo de semanas que, en la práctica, premia la entrada masiva y coordinada.
La declaración del estado de excepcionalidad migratoria en ambas ciudades autónomas permitiría concentrar competencias, agilizar expulsiones y blindar el perímetro. Es la medida que Rabat entendería de inmediato, porque Marruecos es un Estado que respeta la fuerza y desprecia la vacilación.
La psicología de la disuasión se basa en la credibilidad: si el interlocutor cree que cederás, presionará; si cree que resistirás, negociará. Once años de concesiones han enseñado a Rabat que España paga. Invertir esa ecuación es el objetivo estratégico del primer trimestre del nuevo gobierno.
Los menas y otras cosas del comer

El segundo frente es el de los menores no acompañados, y aquí el debate exige honestidad intelectual. Cada año miles de menores marroquíes abordan el intento de paso a Ceuta y Melilla, a menudo organizado por redes que cobran por el pase y que operan con la tolerancia de las autoridades de partida. Decir que hay familias que entregan a sus hijos a esas redes, o que los empujan hacia la valla, no es una calumnia: es un hecho documentado por ONG y por los propios menores. Es legítimo discutir hasta qué punto esa entrega es una forma de abandono o una estrategia de envío, pero el efecto objetivo es el mismo: un flujo de menores que el sistema español acoge, tutela y sostiene, generando lo que los propios servicios sociales llaman efecto llamada.
Sin olvidar el hecho cada vez más frecuente de familias magrebíes que acceden a España con visado turístico y que un día antes de regresar a su país de a hijos menores de edad cerca de un a comisaria o cuartel de la Guardia Civil para que se presenten en el mismo alegando situación de abandono. Recientemente han sido detenidos en varias ciudades de la península seis ciudadanos extranjeros acusados del delito de abandono de menores por este tipo de hechos. Podemos imaginar el golpe al vínculo del apego que sufren estos menores.

La respuesta soberanista pasaría por una reforma profunda de la protección de menores: revisión de la tutela automática, creación de centros cerrados de primera acogida en las ciudades autónomas, verificación forense rigurosa de la edad, hoy sistemáticamente eludida mediante la presentación de documentación falsa y, sobre todo, activación de los convenios de repatriación familiar con Marruecos que ya existen en el Convenio de 1997 y que ningún gobierno ha aplicado con determinación.
Un menor cuya familia ha sido localizada en Nador o Tetuán no debe permanecer años en un centro español. Si eso exige condicionar ayudas y cooperación al cumplimiento marroquí, así sea: la cooperación al desarrollo es una palanca, no un derecho adquirido por Rabat. El tercer frente es la regularización. La reforma del reglamento de extranjería de 2024 amplió de dos a tres años el arraigo y creó vías de arraigo sociolaboral y socioformativo que, en la práctica, convierten la estancia irregular prolongada en un itinerario casi garantizado hacia el permiso de residencia.

Añádase la regularización masiva por empadronamiento que algunos ayuntamientos practican, y se obtiene el resultado paradójico: cruzar la frontera de forma irregular es hoy, estadísticamente, el primer paso de un proceso de legalización. Un gobierno soberanista revertiría esa reforma, elevaría los requisitos de permanencia y empleo, y cerraría la puerta a las regularizaciones extraordinarias que el Gobierno ha aprobado. El mensaje disuasorio debe ser inequívoco: llegar irregularmente no conduce al papel. Al revés, lo imposibilita.
En sanidad, el debate es el mismo. La universalización de 2018 devolvió la tarjeta sanitaria a las personas en situación irregular, revirtiendo el criterio de 2012. El soberanismo sostiene que una sanidad gratuita y sin condiciones para quien no tiene derecho a residir funciona como un imán y como una carga insostenible para las comunidades autónomas, cuyas listas de espera sufren todos los ciudadanos, incluidos los inmigrados legalmente. La medida plausible sería restringir la cobertura plena a residentes legales y situaciones de urgencia, con cobertura humanitaria limitada, y exigir a las comunidades el cumplimiento estricto. Es una medida impopular en los medios, pero coherente con el principio de que el Estado protege primero a quienes cumple sus obligaciones con él.

El cuarto frente es el de las prestaciones. El ingreso mínimo vital y los sistemas autonómicos de renta garantizada han planteado casos de percepción por unidades familiares con miembros en situación irregular o con permisos recientes, algo que la normativa permite en determinados supuestos. El programa soberanista condicionaría todas las prestaciones de la Seguridad Social a la residencia legal y a periodos mínimos de cotización o empadronamiento estable, eliminando la percepción por personas sin derecho a residir.
No se trata de dejar a nadie en la calle: se trata de que el Estado de bienestar deje de ser un factor de atracción mencionado explícitamente en las redes de las mafias de paso, que venden en los barrios de Casablanca o Feo una imagen de España como país de prestaciones garantizadas.
O somos amigos o atente a las consecuencias: la manipulación

El quinto frente es Marruecos mismo, y aquí la honestidad obliga a reconocer la asimetría. Rabat tiene palancas: el control de la presión migratoria, el apoyo internacional a su posición en el Sáhara Occidental, las relaciones con Bruselas, la comunidad marroquí en España. Pero España también las tiene, y son mucho más poderosas: la cooperación policial, los fondos europeos, el acceso al mercado español, la relación energética y la alianza con Francia, Portugal e Italia en la agenda mediterránea.
La política de los primeros cien días sería de reciprocidad estricta: cada euro de cooperación, cada mejora comercial, cada gesto diplomático, vinculado explícitamente al control del flujo y a la aceptación de repatriaciones.
Y una mudanza estratégica de fondo: reforzar la relación con Argelia y con Mauritania para reducir la dependencia de Rabat como socio exclusivo en materia migratoria, aunque el precio político en el expediente sahariano sea alto.

Por otro lado, algo que un gobierno español astuto debería poner en marcha es un apoyo sistemático a asociaciones y actividades lúdicas, deportivas, etc., del Rif marroquí. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. ¿No financia el gobierno marroquí actividades sobre su cultura, lengua e Islam en colegios españoles? Pues que España haga el equivalente en colegios rifeños, verás qué risa.
El sexto frente es europeo. La presión migratoria sobre Ceuta y Melilla no es un problema español: es la frontera sur de la Unión. Un gobierno soberanista exigiría a Frontex un despliegue permanente en ambas ciudades, activaría el mecanismo de condicionalidad de fondos frente a Marruecos y defendería en el Consejo la reforma del marco de Dublín para que la presión no se concentre en los Estados de frontera exterior. Será lento y frustrante, pero sirve para algo esencial: dejar de asumir solos el coste de una política europea.
Desde la psicología política, el objetivo de todo el programa es uno: alterar las expectativas. Las decisiones de migrar se toman en función de información que circula en los países de origen, y esa información dice hoy que España acoge, tutela y regulariza. Mientras ese mensaje se mantenga, ninguna valla, por alta que sea, detendrá el flujo.

El cambio de expectativas requiere coherencia y tiempo, pero sobre todo requiere que el Estado deje de hacer permeable su propia frontera. La disuasión no se construye con dureza retórica, o no sólo, sino con la certeza, transmitida de mil maneras, de que la vía irregular ya no conduce a ninguna parte.
Y lo que es aplicable a la presión migratoria lo es con mucha más razón a la guerra híbrida: si cuando buques marroquíes penetran en silencio de radio en aguas españolas, sin dar respuesta a los requerimientos de comunicación habituales, un par de pasadas de cazabombarderos españoles a baja altura colocaría rápidamente las cosas en su sitio.
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Imágenes de elaboración propia mediante la IA de Open AI.






Creo que la mayoría de la gente está alertada de lo que puede pasar si continúa todo así, así que espero que sepamos dar un golpe de timón inmediato y nos ahorraremos muchos disgustos.
Que acertado D. Álvaro. Espero morirme antes que ver una mujer espejos española tapada como una mora por que eso pasara.
Mi más sincera enhorabuena a Alvaro y a Psoké por este feneomenal trabajo que supone un auténtico aldabonazo a toda la gente de bien.
Melilla también? No puede ser... gracias por la información
Mi henhorabuena por esta gran información. Espero que todo cambie para poder seguir adelante sobre todo las personas que viven en las islas que estan saturas .